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DERECHO INNOVADOR
Por MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ


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Marcas, logos e invenciones

20.08.2014 03:24 PM
Sí bien es cierto que registrar una marca no es obligatorio, para ejercer derechos frente a los infractores por el uso indebido de estas, la ley requiere que la marca, patente u otra invención intelectual esté registrada. El órgano administrativo competente es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI). En otras palabras, significa que si la marca no está protegida existe el peligro de que cualquier persona la registre como suya y prohíba que el primer usuario la explote o comercialice. En nuestro carácter de abogado autorizado para obtener el registro de marcas y patentes de invención, hemos tramitado solicitudes de símbolos, dibujos, logotipos que pueden ser reproducidos y que son capaces de distinguir productos o servicios de una persona o empresa. Lo anterior incluye el registro de palabras, nombres, etiquetas, entre otras variedades. Examinemos algunos ejemplos manejados en la práctica profesional. Conforme al derecho venezolano, sí es posible registrar y proteger el nombre de un restaurante o cualquier otro negocio. Ello se logra con la petición ante el SAPI del "nombre comercial". Una vez cumplido esto, si alguien utiliza la marca que hemos registrado, se puede ejercer el derecho de oposición formal para evitar la continuidad del uso indebido. En ese sentido, si al solicitar la inscripción de una marca aún no registrada, la misma no sufre objeción u oposición de terceras personas que se crean con derechos: el proceso de culminación de registro no durará más de tres años. Continuar leyendo

Administración delegada a ingenieros

1 comentarios 20.08.2014 03:18 PM
La contratación de obras mediante el régimen legal de Administración Delegada se ha impuesto en Venezuela dada la crisis económica actual. Se trata del innovador sistema que aplica para la construcción, remodelación y adecuación de obras de ingeniería, regido por el contrato de administración delegada. Este convenio comprende la prestación de servicios profesionales en la ejecución total o parcial de obras. La programación de la obra y el plan de inversión, junto con el presupuesto total, se presenta en un esquema de ejecución de obras. Esta tiene el objetivo de vigilar y coordinar el desarrollo de las diversas actividades a cumplir por el ingeniero consultor delegado, en provecho del dueño del inmueble solicitante de los servicios delegados. Se busca que el propietario delegante goce de la asesoría en el rediseño interior y la restauración de inmuebles, por lo que el administrador delegado ejercerá la vigilancia técnica y administrativa (léase, los recursos económicos adelantados por el propietario). Los trabajos a efectuar, entre otros, son: la realización de los planos, dirigir tareas, designar y mantener en la obra el personal idóneo, comprar materiales para la construcción en las mejores condiciones, velar por la calidad y precios, lo que se traduce en rebajas y descuentos en provecho siempre del propietario. Continuar leyendo

Responsabilidad médica e indemnización

20.08.2014 03:10 PM
La negligencia médica causante de la muerte de alguna persona, constituye un hecho punible cuya determinación compete a los tribunales penales en Venezuela. Así lo establecen los artículos 24 y 55 del Código Orgánico Procesal Penal vigente. Lo relevante a advertir es que los familiares de la víctima conozcan que una vez juzgados los hechos que configuran la perpetración del delito de homicidio culposo, es cuando quedan habilitados los tribunales civiles para juzgar el reclamo o demanda del pago de la indemnización por los daños y perjuicios derivados por ese delito. Y el artículo 409 del Código Penal venezolano dispone: "El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien con impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones, haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de seis meses a cinco años". Se trata del delito de homicidio culposo por negligencia médica o mala praxis médica. La sentencia condenatoria se apoyará en los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público evacuados en el proceso penal. A saber: las declaraciones de testigos; los documentos referidos a informes médicos y experticias; la partida de nacimiento y el certificado de defunción de la víctima. Estas pruebas acreditan la comisión del hecho punible con la imposición de la pena. Los familiares de la víctima deben demandar el pago de la indemnización económica en fecha oportuna, de lo contrario pierden el derecho a reclamar. Continuar leyendo

MANUEL ALFREDO RODRÍGUEZ // PROFESIONALES NO EMPLEADOS

20.08.2014 03:09 PM
Nuestro caso aplica no sólo al odontólogo que prestó servicios de manera independiente, sino para todo profesional en libre ejercicio. Por ejemplo, para los ingenieros, abogados, profesores u otros. Estudiamos la situación jurídica siguiente: un odontólogo practicaba su oficio en la sede social de quien señaló como su patrono. La actividad consistía en atender a los pacientes en el horario que él decidía. Rendía sus labores de manera autónoma y libre; percibía la remuneración de manos de cada paciente. Todos los días que laboraba obtenía ganancias y pagaba una cuota parte al dueño del local, por concepto de participación, mantenimiento y publicidad. Surgen preguntas: ¿Hubo relación laboral? ¿El dueño del negocio (la clínica dental) es patrono del odontólogo? El profesional se consideró empleado despedido y por ello contrató los servicios de un abogado. Nos correspondió ejercer la defensa de la clínica por lo que negamos la existencia de relación laboral. Incoaron demanda por pago de prestaciones sociales y demás beneficios previstos en la ley respectiva. Llegado el día de la Audiencia Preliminar, cuyo objeto es la mediación entre las partes, no hubo arreglo. Antes de la audiencia de juicio, el tribunal decretó congelamiento de cuentas bancarias de la demandada. Fueron evacuadas facturas firmadas por la demandante que certifican el porcentaje a cobrar (cuarenta por ciento); infieren que el odontólogo cobraba a sus pacientes, destinando una participación a la clínica. Hicimos valer en beneficio de ésta, un informe emitido por un banco a solicitud del tribunal, donde se constata que la clínica poseía una cuenta de ahorros que identifica a sus empleados y el odontólogo no está incluido. El informe se apreció como un indicio en cuanto a que la relación que unió a las partes, no fue valorada por ellas mientras rigió: como laboral (patrón-empleado). Continuar leyendo

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Manuel Alfredo Rodríguez

asomivis@gmail.com

Abogado UCV (1989). Especialización y Magister Scientiarum en Derecho Penal. Especialización Docencia Universitaria. Doctorado en Derecho Constitucional. Post-Doctorado en la Universidad Fermín Toro (en curso). Estudios Superiores en el IESA y UNIMET. Profesor Universitario Pre y Postgrado USM, UCV y UCAB. Profesor Postgrado Universidad Militar, Maestría en la Escuela Superior de Guerra. Ex-Profesor Corte Marcial de la República. Apoderado de la Universidad Central de Venezuela (2003-2013). Ex-Consultor Jurídico USM. Productor, Director del Programa Derecho Innovador en Radio Rumbos. Locutor UCV y P.N.I. Nº 20.768. Autor del Libro: Heurística del Derecho de Obligaciones. Apoderado de empresas nacionales y extranjeras. Agente de la Propiedad Industrial (SAPI). Fundador y Director del Escritorio Jurídico Manuel Alfredo Rodríguez, A.C., sede en Caracas, Guayana y en las principales ciudades del pais; en Nueva York y Miami, USA. Miembro del Instituto Nacional de Investigación Científica, Universidad Central de Venezuela. Presidente de la Asociación Americana de Abogados (AAA). Diplomado Avanzado Universidad Metropolitana en Sistema de Justicia (UNIMET). Programa Avanzado de la Universidad Católica Andrés Bello, Propiedad Intelectual, SAPI. Visiting Fellowship Program in Law Office New York, N.Y., USA. Diploma Honor al Mérito del Grupo Anti-Extorsión y Secuestro, Venezuela. Diploma Honor al Mérito del Acalde del Municipio Irribarren, estado Lara, Venezuela. Diploma Honor al Mérito del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Venezuela. Diploma y Medalla Militar, Comando del Ejército Ministerio de la Defensa, Venezuela. Reconocimiento otorgado por la Universidad Central de Venezuela. Condecoración Medalla y Diploma de Honor del Colegio de Abogados de Caracas. Condecoración Orden Miguel José Sanz Primera Clase Colegio Abogados de Caracas. Condecoración Orden Bicentenaria del Colegio de Abogado de Caracas. Miembro Directivo Estatutario Legal del Museo Sacro de la Arquidiócesis de Caracas.

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